CAME solicita al Gobierno reducir multas de la ley de Inocencia Fiscal
A través de una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, un grupo de empresarios ha pedido que se solicite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una reducción de las multas aplicadas. Esta propuesta busca ajustar las sanciones de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes.
La iniciativa, que es la segunda de este tipo desde la organización PyME, enfatiza la necesidad de revisar el monto de las multas y su impacto en las pequeñas y medianas empresas. En diciembre pasado, ya habían planteado una propuesta similar.
Cambios propuestos por CAME a la ley de Inocencia Fiscal
CAME ha presentado un esquema que clasifica a los contribuyentes y propone reducciones significativas en las multas. Así quedaría la distribución:
- Microempresas y personas físicas (que no sean “grandes contribuyentes”): 90% de reducción.
- Pequeñas empresas: 70%.
- Medianas empresas Tramo I: 40%.
- Medianas empresas Tramo II: 20%.
Cómo quedarían las multas
El enfoque de CAME gira en torno a las sanciones monetarias que tendrían los contribuyentes si no cumplen con la ley. Estos montos han aumentado hasta 1.100 veces en comparación con los anteriores. Para las personas físicas, las multas pueden llegar hasta $5 millones, mientras que para las jurídicas, el monto varía entre $10 millones o más.
La Ley de Inocencia Fiscal modifica varios aspectos del sistema tributario, incluidos el Régimen Penal Tributario y los Procedimientos Fiscales. También introduce un nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Un aspecto destacado de esta ley es la creación de un Régimen simplificado de Ganancias, que promete “blindar” a los contribuyentes que se adhieran. Esto significa que, siempre que su patrimonio no supere los 10.000 millones de pesos, no tendrán que informar cambios en su situación patrimonial ni se controlarán sus gastos.
Además, el proyecto eleva los umbrales para calificar ciertos delitos. El límite para que una persona sea considerada en evasión simple pasa de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que la evasión agravada requerirá superar los 1.000 millones de pesos. Así, se busca hacer más proporcionales las medidas según el contexto de cada contribuyente.